Segregación laboral

Por: Mauricio Ríos García

La referencia más emblemática que se tiene de la segregación en la historia, es la del Apartheid en Sudáfrica. Un sistema legal de discriminación racial que por casi cincuenta años privó de derechos y privilegios a un ochenta por ciento de su población.

En apariencia, la implementación del proyecto del Código Laboral que el gobierno pretende implementar, apunta a una conquista social para favorecer a los trabajadores frente a quienes los contrata. Sin embargo, la regulación de este proyecto es tan rígida y compleja, que se vuelve excluyente y termina creando una segregación laboral entre al menos un setenta por ciento de los trabajadores que se desenvuelven en el sector informal de nuestra economía, y los que se ubican en el sector formal, gozando de los derechos y privilegios establecidos por ley.

De hecho, algunos aspectos de la política laboral vigente (que ya encarecen el ingreso al sector formal), han sido cada vez más rígidos durante los últimos tres años. Por ejemplo, cada vez que se decreta el incremento del salario mínimo, no sólo se está creando un incentivo para la negociación entre empleados y empleadores al margen de la ley, sino que se reducen las posibilidades de aquellos que están dispuestos a trabajar por un monto inferior al establecido por ley; y para los que desean conservar su empleo, deberán trabajar más tiempo o considerar la posibilidad de recibir un sueldo inferior al que conseguirían con su experiencia y nivel de instrucción calificado.

Lo mismo sucedió en Sudáfrica. Cuando se estableció el salario mínimo, los sindicalistas blancos sostenían que a los empleadores les resultaba “más económico reemplazar a europeos con mayor nivel de instrucción (y usualmente muy bien pagados) por personas de color, menos eficientes pero más baratas”; inclusive, un líder sindicalista dijo que "ya no quedaban trabajos en la industria de la construcción, y que en estas circunstancias apoyaba el salario mínimo como la segunda mejor forma de proteger a los artesanos blancos" (Williams, 1989).

Por lo general, se tiende a pensar que estas “conquistas sociales” carecen de costos. El empresario con sentido común, al considerar el costo total por trabajador (salario base, seguridad social, aguinaldos, vacaciones pagadas, etc.), se pregunta qué tanto aumenta la producción con el nuevo empleado, o si el costo por el mismo empleado será recuperado en el precio del producto adicional que se produjo.

Estas conquistas no son gratuitas, puesto que no habría ninguna diferencia entre dar un aumento de sueldo y una prestación de servicios cualquiera, si ambos tienen el mismo costo. Por el contrario, en un mercado de trabajo libre (sin regulaciones laborales), los sueldos se elevan hasta el punto en que los empleadores contratan al número de trabajadores que ellos necesitan, y los trabajadores dispuestos a emplearse por ese ingreso encuentran trabajo; es decir, no existe alteración (léase regulación) en el precio fijado por la oferta y demanda del mercado.

Por supuesto que los sindicatos y los gobiernos tienen conocimiento sobre este mecanismo, por eso tienen el cuidado de no decretar el incremento salarial en un cien por ciento, pues temen que al elevar demasiado los salarios se genere mayor desempleo. Lo que buscan, sin embargo, no es permitir que el trabajador decida hacer lo que crea conveniente con el costo total de su trabajo, sino tener el poder de tomar decisiones por él.

Hasta el momento, este tipo de regulaciones han sido implementadas por medio de la fuerza en todo lugar, y es comprensible. Cuando a las personas se les otorga derechos diferenciados, no sólo se les aleja las posibilidades de mejorar su calidad de vida, sino que, al igual que con la segregación racial sudafricana, estos podrían ser hechos legalmente aceptados, temiendo la represión durante tanto tiempo, que al momento en que se dé una reacción violenta para revertir la ley y así recuperar sus libertades, los problemas de nuestro país ya no tendrán que ver con las capacidades físicas o intelectuales de sus habitantes, sino con su condición como seres humanos.

http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=32574
http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20100428/segregacion-laboral_68061_124753.html

Dinero fácil en la Unión Europea

Por: Mauricio Ríos García

Si algún escepticismo provocó la firma del Tratado de Maastricht que creaba la Unión Europea, fue la de que hubiera control sobre la cantidad de dinero en circulación, pero no sobre la capacidad de endeudamiento y gasto de los gobiernos con una misma moneda.

Para los países fiscalmente disciplinados como Alemania u Holanda, resultaba poco atractivo el compartir la misma moneda con países de conocida voracidad fiscal como Grecia, España, Portugal o Irlanda. La unión monetaria, sin embargo, siguió su camino hasta que estos países tuvieran déficits tan extravagantes que hoy resultan una amenaza para la estabilidad o la misma existencia del euro.

Para salir de esta encrucijada, se ha planteado una serie de iniciativas sobre las que han girado los debates académicos y las reuniones de mandatarios europeos, como la creación de un Fondo Monetario Europeo (FME) a imagen y semejanza del Fondo Monetario Internacional (FMI), el rescate “solidario” de los estados miembro más débiles por parte de los más fuertes, la intervención del FMI, e incluso la expulsión de los estados que violaron los acuerdos fiscales, etc. Sin embargo, con el diagnóstico equivocado de la crisis, todo esto no significa más que rústicas intervenciones políticas con cargo al contribuyente, o si se prefiere, transferencias del fruto del trabajo ajeno para alimentar a gobernantes irresponsables...

Cuando el G-20 se reunió para tratar la crisis desatada en EE.UU., el organismo determinó en forma desfachatada que ésta había sido causada por los excesos del sector privado, olvidando totalmente la responsabilidad del sector público (algunos llegaron tan lejos como el presidente Sarkozy, que incluso lanzaron alegatos en contra de los excesos del capitalismo, diciendo que existía la necesidad de moralizarlo).

Al igual que en la década de los años treinta, la recomendación de la doctrina keynesiana para los gobiernos ante los problemas de deflación y desempleo, ha seguido siendo el aumento del gasto mediante la emisión de deuda, es decir, que el Estado tenga la capacidad de comprar los títulos de deuda pública (dar dinero a cambio de ellos) para aportar más dinero al mercado. En este caso, el Banco Central Europeo (BCE) ha adquirido enormes e insostenibles pasivos, pero no en el sector el hipotecario como sucedió en EE.UU., donde forzosamente se prestó dinero a familias sin garantías, sino en deudas y obligaciones contraídas por países sin garantías, y que sostienen una política de gasto y endeudamiento por sobre sus capacidades.

En la práctica, todo ello supone desplazar o sustituir la iniciativa privada por la iniciativa pública debido a que que el Estado, al competir con la empresa privada para conseguir medios de financiamiento, provoca la subida de los tipos de interés y, por tanto, la disminución de la inversión privada.

Ahora bien, la UE ha salido finalmente al rescate de Grecia, luego de un largo duelo de dos meses y a pesar de que la zona del euro se apoyaba en los principios de su fundación de no rescatar a aquellos miembros indisciplinados. Como la economía más grande de la Unión Europea, Alemania exigió en varias oportunidades, con el apoyo de Holanda y Austria, que Grecia pague precios de mercado por cualquier préstamo de rescate, es decir, que no se la privilegie con tasas inferiores concedidas por el BCE.

Es de esperar que ahora este exceso de liquidez se traduzca en inflación, y que una nueva y más grande burbuja crediticia haya empezado a crecer por cubrir deuda con más deuda, pero lo que aún no se ha advertido es lo que podría suceder con otros países igualmente o más endeudados en la zona euro. ¿Serán rescatados también? ¿Provocarán mayor inflación y nuevas burbujas crediticias?

Toda intervención gubernamental en la economía se basa en la creencia de que las leyes económicas no operan, que los principios de causa y efecto pueden ser suspendidos, que todo en la existencia es manipulable, excepto el capricho de los burócratas quienes no permiten que la economía y el sentido común se interpongan en su camino.

Si la zona del euro fuese una economía libre, solamente el empresario y su entorno sufrirían las consecuencias de un error de juicio económico; pero como se trata de una economía controlada, la Unión entera sufrirá las consecuencias de un mal juicio económico que cometa cualquier planificador central.

http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20100414/dinero-facil-en-la-union-europea-_65926_120334.html