Por: Mauricio Ríos García
Se ha escuchado la posición escéptica de algunas personas desinformadas y desinteresadas en el actual proceso trascendental del país, sobre lo que la nueva Constitución podría expresar. Ya que la intención de instaurar el régimen de un Estado social comunitario es ahora de dominio público, hablemos sobre su organización económica en contexto.
Aunque difícilmente, lo que con plena certeza se sabe acerca de la Constitución “venezolana, aprobada en grande, acuartelada, entre fusiles y bayonetas, ensangrentada e ilegal”, y su organización económica, es que el Estado cobrará mucho mayor tamaño y protagonismo. ¿Qué significa esto para Bolivia en el octavo año del siglo veintiuno?
Económicamente hablando y como buen zapatero a los zapatos, esto quiere decir que existe un condicionamiento a la libre empresa que podrá existir siempre y cuando cumpla con una función social y no afecte a la colectividad de los individuos. Significa un mayor protagonismo en las decisiones sobre el desarrollo económico, social y financiero con participación y consulta ciudadana, con atribución del Estado en las decisiones sobre la política monetaria y cambiaria. Toda una ensalada, un “tutti frutti” de organización económica.
Nuestros gobernantes y sus padrinos aún no comprenden que en esa lógica, la economía no se subordina a la política. Por ejemplo, las declaraciones de Chávez en la última reunión de la OPEP en Riad, “la caída del dólar significa la caída del imperio“, trataban de ignorar que casi todo el petróleo que Venezuela produce se lo vende a EEUU a cambio de dólares para su proyecto expansionista. Es el mismo factor que el mismo presidente ecuatoriano (economista que obtuvo un postgrado en Estados Unidos) Rafael Correa ignora, teniendo una economía cien por cien dolarizada. El mismo criterio podría adoptar Morales al momento de decidir sobre la política monetaria y cambiaria en el país, creyendo que el boliviano, siendo más caro, haría caer al imperio ante sus pies. La caída del dólar solo significaría la caída de toda América Latina. Definitivamente un absurdo del bloque comunista del latinoamericano.
Pero ese es un detalle. Algo mucho peor es que los gobernados en su gran mayoría, olvidan que el resultado de los conflictos de octubre negro tenían un arma de doble filo: un mayor protagonismo del Estado sobre la economía, pero con autonomías de por medio.
Estos hechos condenaron al liberalismo económico del estatista Paz Estensoro y la capitalización de Sánchez de Lozada, pero por otro lado dio a luz la Ley del IDH, una verdadera conquista descentralizadora –lo cual no justifica la presión corporativa- y que aleja al gobierno central de aquellas intenciones de tener mayor acaparamiento sobre la economía. Así se beneficiaron las regiones, los municipios, las universidades públicas, las fuerzas armadas, la policía e incluso los pueblos indígenas, hecho que el pueblo no cuestiona, aunque en nociones mínimas de desarrollo (eficacia, eficiencia y ejecución) se aplacen tanto el gobierno de Morales como las prefecturas.
Ahora, lo que sí se sabe a plenitud, es que ni siquiera el mismo padrino tropical ha sido el mejor aliado del gobierno, sino el liberalismo económico que traslada los recursos del Estado hacia la población, traducidos en transferencias como la polémica Renta Dignidad y el bono Juancito Pinto.
Estas, aunque en un afán clientelista del gobierno, se tratan de medidas del más puro corte liberal. Son medidas que apuestan por la energía de la gente por superarse y ver lo que mejor le conviene con su dinero. Son medidas que consideran la idea de que los pobres son perfectamente capaces de trabajar, ahorrar, invertir y mejorar sus vidas con su propio esfuerzo; son medidas que defienden la idea de que los pobres no necesitan la ayuda de ningún grupo de iluminados estatistas que pretenden proveerlos gratuitamente de bienes y servicios estatales, que terminarán pagando en mucho mas de lo que valen por culpa de inflaciones mal administradas.
Las mayorías desinformadas del MAS no saben que no se trata más que de una nueva e improvisada vuelta al colectivismo, una vuelta al estatismo sustentado por los voluntarios del servilismo y de aquellos que defienden los ideales de esclavismo del siglo veintiuno. No saben que se trata de la vuelta a una dictadura de Estado. No saben que se trata de la vuelta del Estado corrupto, ineficiente, improductivo. Es una vuelta al escenario donde la voz de la colectividad no es la voz de uno. Las mayorías temporalmente engañadas y utilizadas, sabrán -esperemos más pronto que tarde- que un Estado socialista comunitario significa que los 500 años que lo fundamentan, se convertirían en cien más.
No solo la lucidez de la oposición en general, sino la resistencia, organización, liderazgo y decisión del bloque estudiantil venezolano le dijo no a Chávez, también lo hicieron el Rey Juan Carlos, Álvaro Uribe y los socialistas concientes de lo que sirve y lo que no en este mundo globalizado, como Rodríguez Zapatero, Da Silva y Bachelet.
En Bolivia no llegaremos al referéndum porque la economía social comunitaria ha sido planteada con la lógica de “la bolsa o la vida”, ha sido planteada en una lógica anacrónica y de largo plazo, donde el Estado sufriría una etapa transitoria demasiado compleja como para que los bolivianos nos quedemos sentados, esperando a que el Estado solucione todas y cada una de nuestras inquietudes.
Como bien diría Stiglitz, debemos aprender de nuestros vecinos Chile, Brasil y ahora Perú, donde sobre una base pragmática, se evita la ideología y los consejos de terceros.
http://lostiempos.com/noticias/06-12-07/06_12_07_pv7.php
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